Pilar Chamorro Abogados informa: Pascual Sala, partidario de cambiar los indultos o, al menos, argumentarlos.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, considera que el sistema de concesión de indultos a condenados por parte del Gobierno debería «cambiar» o, «por lo menos», argumentarse y explicarse.
Sala ha respondido así al ser preguntado, minutos antes de ofrecer una conferencia en Valencia, sobre el reciente indulto concedido a un conductor kamikaze que provocó en 2003 un accidente mortal conduciendo en contra dirección por la autopista AP-7, a la altura de Polinyà del Xúquer. Murió el joven de Alzira José Alfredo Dolz. El kamikaze Ramon Jorge Díaz fue condenado a 13 años, pero sólo ha cumplido 10 meses al ser indultado recientemente por Gobierno.
El magistrado valenciano ha explicado que la concesión de indultos es «una potestad discrecional del Gobierno, que no tiene que argumentar». «Me gustaría que estos sistemas cambiaran y que, por lo menos, se argumentaran y se diera una explicación. Sería mucho más beneficioso para todos», ha subrayado.
Precisamente, el pleno del Ayuntamiento de Alzira, gobernado por el PP, aprobó por unanimidad el pasado lunes una moción en la que se pedía la revocación del indulto y una explicación al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de por qué lo había firmado.
El indulto ha consternado a las asociaciones de ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico y a la opinión pública en general. El PSPV-PSOE ha denunciado un posible tráfico de influencia al conocerse que el abogado del kamikaze, Esteban Astarloa es hermano del exsubsecretario del Ministerio de Justicia con el Gobierno de José María Aznar, Ignacio Astarloa, y de que un hijo de Gallardón trabaja en el despacho de Uría-Menéndez que llevó el caso.
También el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el castellonense Gonzalo Moliner, se refirió la pasada semana al “llamativo” indulto, aunque recordó que la concesión de las medidas de gracia constituye “una función del Gobierno y del Rey, que es, en definitiva, quien firma los decretos”. “A mí no me acaba de gustar. Eso se lo digo tranquilamente”, añadió Moliner.
