Pilar Chamorro Abogados informa: Una investigación por un fraude millonario a Hacienda salpica a abogados y notarios.
El magistrado cita a tres de los diez imputados, entre ellos un conocido letrado de Alicante, que supuestamente encabezaron un entramado de empresas que realizaba transacciones inmobiliarias ficticias para beneficiarse de la devolución del IVA.
Un conocido letrado de Alicante, su socio y un asesor fiscal comparecieron ayer ante el titular del juzgado de Instrucción número seis de Alicante, Juan Carlos Cerón, como supuestos cabecillas de una presunta trama para defraudar a Hacienda y en la que hasta el momento ya hay diez personas imputadas. El supuesto fraude ascendería a tres millones de euros y se había perpetrado mediante transacciones inmobiliarias ficticias, según ha podido saber este diario de fuentes próximas al caso. La investigación salpica también a cuatro notarios de Alicante que supuestamente estaban al tanto de estas operaciones así como dos directores de entidades bancarias.
En las pesquisas, denunciadas por la Fiscalía en el juzgado en 2011, figuran como presuntos cabecillas los tres imputados que ayer comparecieron ante el juez así como otras siete personas, entre ellas familiares de éstos y otro grupo de ciudadanos de nacionalidad rumana y de países lationamericanos, que actuaron presuntamente como testaferros y cuyos nombres figuran al frente de una docena de empresas pantalla que, al parecer, carecían de actividad.
La única mercantil que tenía movimiento era Progarza S. L., cabeza visible del supuesto entramado de firmas que presuntamente estafó a la Hacienda Pública casi tres millones de euros a través de facturas falsas por transacciones inmobiliarias ficticias de inmuebles ubicados en Alicante, uno de ellos la nave industrial que albergó la discoteca after-hours Impacto en el barrio de Babel de Alicante.
Mediante este presunto entramado, los implicados cobraban la devolución del IVA de compraventas que en realidad no se habían realizado. El valor defraudado que estima Hacienda es de 2.947.000 euros, si bien fuentes judiciales vinculadas a los querellados aseguraron ayer que la Agencia Tributaria, en sus cuentas, ha cometido errores de cálculo y ha computado pagos así como entregas en efectivo que desvirtúan el montante final exigido a los imputados en concepto de responsabilidad civil.
Tanto el letrado querellado como su socio se acogieron ayer a su derecho a no declarar a la espera de que se produzca el interrogatorio de uno de los supuestos testaferros que denunció los hechos a la Policía y a quien el juez ha citado en los próximos días. Sin embargo, sí declaró, sin asistencia del ministerio público, el tercero de los llamados por el magistrado, un asesor fiscal que presuntamente se encargaba de la contabilidad falsa de las empresas creadas y que insistió ante el juez en que su «única función» en relación con las mercantiles y gestores de las mismas fue la de asesoramiento.
La ronda de citaciones por este supuesto fraude a Hacienda -uno de los de mayor cuantía de los últimos años en la provincia de Alicante- continuará a finales de enero y en febrero con la del testaferro que denunció los hechos en la Comisaría y alertó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del supuesto fraude y de que éste se llevaba cometiendo desde hacía seis años. En la causa consta también la denuncia que hace el presunto testaferro en la que asegura que cuatro notarios alicantinos estaban al tanto de las operaciones, así como dos directores de banca.
