Pilar Chamorro Abogados informa: Un centenar de abogados pide a la Audiencia Nacional que suspenda las tasas:
Más de un centenar de abogados y profesionales del derecho de toda España han presentado ante la Audiencia Nacional una demanda contra la Ley de Tasas Judiciales y han pedido al juez que suspenda el cobro de manera cautelar. En esta demanda, reclaman que sea la propia Audiencia Nacional la que plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La demanda está respalda por abogados de Alicante, entre ellos el presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de esta provincia, Carlos Frígola. La iniciativa ha partido del jurista Ramón Entrena, que firma como letrada la demanda junto con Enrique Arnaldo Alcubilla y Concha Jiménez Shaw.
Fuentes cercanas a los demandantes explicaron que trata de dar cauce a la sensación de impotencia que causó a todos los profesionales la Ley de Tasas que incidieron que se trata de un texto «abiertamente inconstitucional». Según las estimaciones que han realizado los denunciantes , los juzgados de toda España han registrado un descenso de hasta un 30 por ciento menos en el número de procedimientos civiles. «La disminución de asuntos contra las administraciones públicas es aún superior, con el perverso efecto de asegurar de hecho la inmunidad de los actos de éstas», recalcan las mismas fuentes.
La denuncia plantea también que se está produciendo una vulneración de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos ante las tasas de Gallardón.
Los denunciantes recuerdan que los particulares no pueden presentar por ellos mismos un recurso de inconstitucionalidad de manera directa. Únicamente pueden hacerlo 50 diputados, 50 senadores, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y un Gobierno o un Parlamento autonómicos. Con el procedimiento elegido, la demanda se ha presentado ante la Audiencia Nacional a través de un procedimiento contencioso administrativo que será quien tenga que pronunciarse sobre si procede la suspensión cautelar de las tasas, mientras se eleva al Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad sobre este texto.