Pilar Chamorro Abogados informa: Los recursos civiles caen un 30% en la Audiencia de Alicante tras la ley de tasas.
Desplome de los recursos civiles en la Audiencia de Alicante tras la polémica Ley de Tasas Judiciales de Ruiz-Gallardón. La caída de las apelaciones durante el primer trimestre de 2013 fue cercana al 30 por ciento, según los datos del registro de entrada de asuntos. Entre enero y marzo de este año se han contabilizado un total de 600 recursos frente a los 840 del mismo periodo del año anterior. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, estimó que de seguir así en el mes de junio la caída podía elevarse al 40 por ciento y antes de que se acabe el año podría llegar al millar de asuntos menos.
La Ley de Tasas Judiciales ha contado con una fuerte contestación desde prácticamente todos los estamentos del mundo del Derecho. Jueces, fiscales, abogados, procuradores y secretarios judiciales se han manifestado en contra de la medida por considerar que limitan el acceso del ciudadano a la Justicia. Aunque el ministerio intentó dar marcha atrás suavizando algunas de las tasas, dejó intactos los tributos que se debían abonar en caso de que se fuera a presentar un recurso de apelación: 800 euros si va dirigido a la Audiencia Provincial; y 1.200 euros si se presenta ante el Tribunal Supremo. Anteriormente, el dinero que había que abonar por un recurso civil ante la Audiencia era de 50 euros. Para el magistrado Vicente Magro, «si un particular quería apelar una sentencia porque cree que tiene razón, no le importa pagar este dinero. Ahora, con las nuevas tasas, es mucho más».
Para el presidente de la Audiencia de Alicante, el principal riesgo que se corre es la ausencia de jurisprudencia, ya que si los ciudadanos no recurren, ni las audiencias ni el Supremo podrán unificar doctrina en asuntos que sean controvertidos. Asimismo, consideró que en un pleito de un particular contra una gran empresa, será esta última quien más posibilidades tendrá de presentar un recurso en caso de que en primera instancia no ganen en pleito; mientras que el ciudadano tendrá menos opciones en el caso de que no pueda afrontar el dinero de las tasas.
Magro ya presentó un informe ante el ministerio de Justicia alertando de que la Ley de Tasas podría ser inconstitucional debido a su elevada cuantía. En estos momentos, ya se han presentado varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no se ha sumado a iniciativa de recurrir el polémico texto. Becerril dio por buenas la reducciones que aprobó el ministerio el pasado febrero, aunque los abogados las siguen considerando insuficientes.
La facultad de Derecho se suma al rechazo
La junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA) se ha pronunciado en contra de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según informó en un comunicado la institución académica. Durante la sesión celebrada el pasado 25 de marzo, la junta de la Facultad de Derecho acordó emitir un pronunciamiento contra la citada Ley de Tasas así como contra su reforma a través del Real Decreto Ley de 23 de febrero de 2013, en la que se suavizaban algunos de sus conceptos. Para este departamento universitario, la nueva legislación «supone un atentado contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución», motivo por el que se han sumado a las voces de rechazo.
