Pilar Chamorro Abogados informa: Los abogados de Alicante proyectan un servicio de arbitraje para quienes no pueden pagar tasas.
Justicia a precio de coste frente al tasazo de Ruiz Gallardón. El Colegio de Abogados de Alicante está trabajando en la creación de un sistema de arbitraje para que los ciudadanos que no puedan hacer frente al pago de las tasas judiciales tengan una vía para la solución de sus conflictos, según señaló a este diario el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela. El proyecto se encuentra todavía en una fase embrionaria, aunque el colegio ya se ha puesto en contacto con algunos jueces sustitutos para ver si estarían interesados en hacerse cargo de estos juicios.
«En el primer trimestre del año, en la Audiencia de Alicante se han registrado un 30% de asuntos menos por las tasas y en los juzgados de Primera Instancia también ha habido un descenso», explicó Candela a lo que añadió que «esto significa que hay un importante número de ciudadanos a los que se ha cerrado el acceso a la Justicia porque no pueden hacer frente al pago de estos tributos. Y lo que está claro es que nadie pleitea por gusto». Con esta premisa, el Colegio de Abogados de Alicante está empezando a dar los primeros para la creación de un tribunal arbitral que pueda resolver algunos de estos conflictos. «Se trata de un sistema de justicia ciudadana y económica», explicó.
Aunque por el momento no está determinado cuánto se cobrará a los ciudadanos que acudan a esta vía extrajudicial, Candela señaló que va a ser «únicamente a precio de coste, para cubrir gastos». El decano ya se ha puesto en contacto con el departamento de arbitraje del colegio para empezar a dar los primeros pasos. «Tenemos muchos flecos todavía por aclarar pero estamos muy ilusionados con este proyecto», aseguró el decano. Entre estos flecos estaría una reunión con la Cámara de Comercio de Alicante para ver si están interesados en implicarse en la idea.
Las partes se someterían voluntariamente al proceso, comprometiéndose a cumplir la resolución que se adopte. El Colegio de Abogados ya tiene pensado hasta de dónde van a salir los jueces que pondrían en marcha este proyecto. Centenares de jueces sustitutos se han quedado sin trabajo en España tras la última reforma del Poder Judicial aprobada por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, que limita su uso a casos excepcionales. El Gobierno ha instaurado un sistema por el que los magistrados deben suplirse entre ellos cuando haya una vacante. Candela aseguró que en esta provincia han trabajado grandes jueces sustitutos que cuentan con un amplio conocimiento sobre estas materias y una sobrada experiencia profesional, que ahora se han quedado sin trabajo. Estos magistrados integrarían el tribunal que debería resolver sobre este tipo de asuntos, aunque siempre existirá la posibilidad de que alguna de las partes pueda recurrir ante la Audiencia Provincial en caso de que estimen que habido alguna nulidad en el proceso.
Los abogados han considerado insuficiente la reducción de la Ley de Tasas aprobada recientemente por Gallardón. De hecho, han presentado ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, las estadísticas del descenso de litigios en Alicante para argumentar que numerosos ciudadanos han quedado fuera del sistema. Becerril iba a recurrir la Ley de Tasas al Tribunal Constitucional, pero dio marcha atrás tras el anuncio del Ministerio de Justicia de que iba a disminuirlas.
Pleitos en materia civil, mercantil y de familia
El sistema que está proyectando el Colegio de Abogados podría hacerse cargo de juicios en materia civil, mercantil y asuntos de familia, según explicó el decano de Alicante, Fernando Candela. De este sistema está excluida la vía penal, así como los recursos contencioso-administrativos, que son aquellos que presentan los ciudadanos contra decisiones de la Administración. Paradójicamente, esta última jurisdicción es una de las que mayor descenso han experimentado los recursos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, pero Candela señala que el Colegio no podría obligar a la Administración a entrar en estos procesos. En cuanto a la vía penal, es la única que está exenta del pago de los polémicas tributos.
