Pilar Chamorro Abogados informa: Las empresas podrán operar en todo el país con una licencia única.
La avidez legislativa de las comunidades autónomas ha provocado, en algunos casos, que una empresa tenga que fabricar 17 modelos diferentes de un producto para ajustarse a la normativa regional. “La maraña normativa ha sido una de las quejas habituales de las empresas nacionales y los inversores extranjeros”, aseguró ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al presentar el anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Esta norma, cuando esté aprobada definitivamente en verano, permitirá a las empresas operar en todo el país con una licencia única. El Gobierno la había anunciado hace ocho meses, pero la complejidad normativa de las comunidades, entre otros asuntos, han retrasado la reforma, que nace descafeinada para evitar conflictos de competencias en un momento en que el debate sobre la soberanía de Cataluña afecta a numerosas decisiones del Ejecutivo.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aludió ayer a cinco casos en los que la maraña legislativa de las comunidades provoca ineficiencias. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado servirá, según el Ejecutivo, para solucionarlas:
Una empresa de máquinas recreativas que debido a la telaraña normativa de las comunidades tiene que fabricar 17 modelos de sus tragaperras para cada uno de los territorios. Cuando esté aprobada la ley solo tendrá que fabricar un modelo que se ajuste a los requisitos legales de una de las autonomías y con este producto podrá operar en el resto de territorios.
Compañías embotelladoras que comercializan sus productos en una comunidad pero cuando traspasa ese territorio se encuentra con que la normativa alimentaria de otra región le obliga a cambiar su etiqueta. A partir de la aprobación de la norma solo deberá cumplir con la legislación sobre las especificaciones técnicas de la etiqueta de una comunidad para comerciar en el resto.
Un fontanero o electricista debe inscribirse en el registro técnico correspondiente de cada comunidad para trabajar en cada una de ellas. Con la nueva norma solo deberá conseguir la autorización de uno de estos territorios para desempeñar su profesión en cualquiera de ellos. No obstante, cada autonomía mantendrá la compentencia sobre cómo deben prestarse los servicios y las garantías que deben tener. Todas las comunidades autónomas tendrán acceso al registro sectorial correspondiente para comprobar las licencias de estos profesionales.
Una empresa constructora a la que se le exige que tenga su sede social en una comunidad para poder presentarse a un concurso público. Esto provoca que algunas compañías creen filiales para concurrir a licitaciones públicas. A partir de ahora no se les podrá exigir condiciones adicionales que vayan contra la unidad de mercado para poder presentarse a un concurso.
Por este motivo, apenas se modifican las cuestiones lingüísticas relacionadas con el etiquetado: los productos agroalimentarios seguirán la normativa europea en vigor [deben ser en castellano], y el resto de productos se someterá a las normas vigentes en cada comunidad. Las especificaciones técnicas que deben contener las etiquetas se regirán por la normativa de origen.
La norma pretende, básicamente, garantizar la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. No afecta a impuestos ni al ámbito de los colegios profesionales. “Esta ley está basada en el principio de confianza mutua entre las comunidades. No es un proceso de centralización, ni resta competencias”, manifestó la portavoz del Gobierno durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
