13 Feb 2013

Pilar Chamorro Abogados informa: La falta de medios colapsa los tres juzgados civiles con más de 12.000 asuntos pendientes.

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Más de 12.000 asuntos pendientes de resolución y una situación de «auténtico y total colapso». Esta es la situación en la que se encuentran los tres juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Benidorm, debido a la falta de medios y profesionales para poder tramitar el ingente número de asuntos que anualmente ingresan estas sedes, según han trasladado a los distintos estamentos de la Administración de Justicia los jueces y abogados que ejercen en esta jurisdicción. Desde ambos estamentos se ha reclamado el establecimiento «urgente» de medidas de refuerzo para poder paliar esta situación, al considerar que ahora, con el actual número de sedes y funcionarios, es prácticamente inviable poder agilizar la tramitación de demandas.
Y es que los datos, según la información trasladada a este diario por el Colegio Provincial de Abogados de Alicante (ICALI), hablan por sí solos. Una inspección realizada en 2010 por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estableció que las salas de Primera Instancia de Benidorm recibían de media un 235% más de asuntos que el módulo -o ratio- establecido por el propio Consejo. Es decir, que mientras que la media está establecida entre unos 730 y unos 880 asuntos anuales, los juzgados de Benidorm ingresan de 2.500 a 3.000 causas nuevas al año. Y, ante la imposibilidad física de sacar adelante todas las demandas que se interponen, las tres sedes civiles de Benidorm han acumulado en los últimos años un importante número de asuntos, que en la actualidad supera las 12.000 causas.
Este hecho genera importantes perjuicios para todas las partes implicadas. Por un lado, según señaló la delegada del Colegio de Abogados en los partidos de Benidorm y La Vila Joiosa, Carmen Díaz, obliga a realizar un importante «sobreesfuerzo diario a jueces, secretarios judiciales y funcionarios» de estos juzgados. En segundo lugar, provoca «grandes retrasos que también perjudican enormemente el trabajo de abogados y procuradores», principalmente por el retraso en el cobro de honorarios o porque los asuntos se eternizan en el tiempo. Pero, según Díaz, el bloqueo que acumulan actualmente los juzgados de Primera Instancia de Benidorm «genera sobre todo un irreparable perjuicio al ciudadano, que no tiene una tutela judicial efectiva y que se ve agravado por el actual contexto de crisis económica».

Juicios a tres años vista
Como ejemplo sólo hay que ver los plazos en los que se están señalando vistas o juicios. Porque si a un ciudadano no le queda más remedio que interponer una demanda en este partido judicial, lo primero que ha de saber que es deberá tener paciencia. Mucha paciencia.
Según los datos que baraja el Colegio de Abogados de Alicante, las tres sedes judiciales que atienden en la ciudad asuntos civiles están señalando vistas para el año 2014 y el primer trimestre de 2015, lo que puede conllevar a que muchos juicios no se vayan a celebrar, con suerte, hasta 2016 o 2017, tal y como recoge una queja sobre la grave situación que arrastran estos juzgados elevada por el ICALI el pasado noviembre ante el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la Generalitat Valenciana.

Medidas que proponen
Para paliar esta situación, la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Benidorm acordó el pasado 21 de diciembre reclamar la creación de dos nuevos juzgados de Primera Instancia en la ciudad, así como la puesta en marcha «con carácter urgente e inmediato» de otras medidas de refuerzo, como el nombramiento de un juez y un secretario judicial y la prolongación de la jornada laboral a funcionarios de estos tres juzgados, mientras que tramita la creación de estas dos nuevas sedes.
A esta reclamación también se ha sumado el Colegio Provincial de Abogados de Alicante, cuya Junta de Gobierno acordó el pasado 21 de enero «respaldar plenamente» la petición de los jueces para «reactivar y agilizar el normal funcionamiento de la administración de Justicia» en este partido judicial.

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