Pilar Chamorro Abogados informa: Jueces y fiscales mantienen la huelga contra la Ley de Tasas pese a la marcha atrás de Gallardón.
El reciente anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de reducir la cuantía de las tasas judiciales para ciertos colectivos, así como para eximir de su pago a víctimas de maltrato o desahuciados de su vivienda habitual, no ha hecho cambiar ni un ápice al colectivo de jueces de Alicante, que ya ha avanzado que seguirá con la convocatoria de huelga para el próximo día 20 contra las medidas adoptadas por Gallardón y, concretamente, contra el aumento de tasas judiciales. La huelga ha sido respaldada por parte de los jueces de Alicante con el decano, Juan Carlos Cerón, a la cabeza.
El paro de jueces y fiscales previsto para la semana que viene está convocado por la Comisión Interasociativa de las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, al entender, entre otras razones, que las reformas de Ruiz-Gallardón tienen como «motivo oculto» su intención de «dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir la independencia judicial» e imponerles un «trabajo inasumible» que permita crear «espacios de impunidad» de los que se beneficiarían los implicados en casos de corrupción, según transmitió la propia Comisión. Justo hace dos días, tras un encuentro con la Defensora del Pueblo, Gallardón anunció que modulará su postura sobre la Ley de Tasas dos meses después de entrar en vigor.
El juez decano del partido judicial de Alicante, Juan Carlos Cerón, manifestó ayer que, de momento, los jueces mantienen la huelga ya que Gallardón tampoco «ha concretado» cuál va a ser la rectificación de la Ley de Tasas, además de recordar que es uno de los motivos principales para convocar el paro del día 20 pero no el único. La Comisión Interasociativa ya alertó de que jueces y fiscales estudiaban ir a la huelga ante por el «tasazo», la falta de medios materiales y humanos, la saturación de los juzgados, la congelación de oposiciones para cubrir plazas ya presupuestadas o la tan rechazada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Cerón insistió en que la huelga se mantiene ya que la Comisión Interasociativa «no nos ha dicho lo contrario y nosotros lo que hemos acordado es respaldarla», aunque podría celebrarse una junta la semana que viene para abordar el anuncio de Gallardón.
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, que a título personal no hará huelga, indicó que se ha creado un nuevo escenario con las manifestaciones de Gallardón que deberían replantear al sector si mantener o no el paro. Magro presentó ante el Ministerio de Justicia un informe avisando de que las tasas desproporcionadas que contempla la Ley podrían ser anticonstitucionales y limitar el acceso a la Justicia de parte de la sociedad, por lo que entiende el malestar pero no comparte la huelga.
Por otro lado, Juan Carlos López Coig, fiscal jefe de la provincia de Alicante, rehusó hablar en nombre de la Fiscalía -que ha secundado la huelga a través de sus asociaciones excepto de la conservadora Asociación de Fiscales- pero que su opinión personal es que motivos actualmente hay «para ir a la huelga y hacer manifestaciones todos los días, pero creo que es una aberración que un poder del Estado vaya a la huelga, ni contra un gobierno de Derechas ni uno de Izquierdas».
Carlos Vegas: «Era mi obligación alertar de que eran excesivas»
«Era mi obligación alertar y poner de manifiesto que la Ley de Tasas, tal cual se redactó, era excesiva». Con modestia, pero con lógica satisfacción, el juez de lo Social 1 de Benidorm, Carlos Vegas, aplaudió ayer el anuncio del ministro de Justicia sobre la modificación de esta ley. El magistrado fue el primero de todo el país en oponerse al cobro de las tarifas fijadas por el Gobierno central para acceder a la Justicia y en anunciar que no exigiría el pago de las mismas en los recursos que se presentaran ante su juzgado. Ayer, Carlos Vegas manifestó que su postura, junto a la de otros muchos profesionales del Derecho y al informe elaborado por la Defensora del Pueblo, «afortunadamente han servido para dar un toque de atención», un asunto que considera que era su obligación, «porque nosotros también estamos para defender al ciudadano, que al final es de quien emana nuestro poder, del pueblo y no de los políticos». «Ahora habrá que ver cómo queda el texto definitivo, pero sólo con que beneficie a más colectivos, ya habrá valido la pena», afirmó. R. PAGÉS.
