Pilar Chamorro Abogados informa: El Consejo General de la Abogacía recibe las primeras quejas de alicantinos que no pueden pagar las tasas de la Justicia.
El Consejo General de la Abogacía Española ha empezado a recibir las primeras quejas de usuarios de Alicante que han denunciado que no pueden acceder a la Justicia gratuita por falta de recursos económicos para hacer frente a la subida de las tasas judiciales impuestas por Gallardón. Así lo indicó ayer el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, durante la protesta de letrados que tuvo lugar a las puertas de los juzgados de Benalúa contra el aumento de estas tasas.
Candela manifestó que el número exacto de quejas que se han presentado ante la Abogacía Española por los usuarios alicantinos es un dato del que aún no dispone el Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) pero estimó que son «varias y en su mayoría por no poder recurrir, no por la presentación de demandas». Eso implica, según Candela, que hay usuarios que ven ya cómo sus derechos «se están limitando». «La Abogacía ya tiene planteada una cuestión de inconstitucionalidad porque creemos que esto no es constitucional para el ciudadano y que limita sus derechos fundamentales», indicó Candela, quien añadió que las protestas frente a los juzgados se van a convertir en «continuas y periódicas mientras que Gallardón no haga nada al respecto».
Asimismo, el decano del Colegio recordó que ya hay juzgados requiriendo el pago de tasas en un plazo de diez días y que hay, por ello, usuarios presentando quejas en los formularios que pueden recogerse en el el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) que el ICALI tiene en el Palacio de Justicia de Benalúa.
Por otro lado, la Policía se personó ayer en la concentración, a la que asistieron unas 300 personas entre abogados y funcionarios, y reclamó al decano por primera vez el permiso de la Subdelegación otorgado para poder llevar a cabo la protesta. «Menos mal que lo llevaba encima, porque si no disuelven la protesta», bromeó Candela.
