29 Ene 2013

Pilar Chamorro Abogados informa: El Consejo General de la Abogacía lleva a los tribunales el pago de tributos que «implican la impunidad de la Administración»

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El consejo General de la Abogacía recurrió ayer ante la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Hacienda que regula el pago de las nuevas tasas judiciales, cuya cuantía «desproporcionada» está haciendo que «el acceso a la Justicia sea ya una quimera para un número muy significativo de españoles y de extranjeros en nuestro país».

El recurso presentado tras el pago de una tasa de 396 euros, lleva la firma del presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer. En él se solicita la suspensión cautelar de la orden ministerial que «dota de eficacia a una ley abiertamente inconstitucional en tanto que impone unas tasas en muchos supuestos absolutamente desproporcionados (y) que suponen una barrera para el acceso a la tutela judicial efectiva».

El Consejo General de la Abogacía argumenta que la aplicación de la orden recurrida crea «situaciones claramente irreversibles por preclusión de los plazos para recurrir» en los casos en que no se puede abonar.

Pide, además, que se tome en consideración el «interés general» consistente en prevenir el gasto público que generará tener que abonar las condenas que, a su parecer, dictará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España «ante la inadmisión de procesos por imposibilidad de abonar las tasas judiciales por los ciudadanos»

El recurso crítica que no exista la posibilidad de acomodar la tasa a la capacidad económica concreta del recurrente, lo que, a su juicio, es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). «La aplicación indiscriminada (de las tasas) a las personas físicas hará que muchas de ellas en numerosos supuestos no puedan acceder a la tutela judicial», señala la Abogacía, que indica que, mientras que las personas jurídicas pueden deducirse ese gasto del impuesto de sociedades, las personas físicas no podrán detraerlo del impuesto sobre la renta.

Parafraseando al TC, el recurso afirma que «la cuantía de las tasas es tan elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en término irrazonables». «La exagerada cuantía del tributo y, más específicamente  su desproporción con respecto a la cuantía litigiosa en numerosos casos, hace que la tasa no resulte desincentivadora, sino impeditiva del acceso a la jurisdicción», sostiene.

También subraya que el Ministerio de Justicia ha hecho caso omiso de la recomendación del Consejo de Estado de buscar alternativas que «favorezcan mayor equidad» y destaca que las tasas impuestas en la orden contencioso-administrativo «implican la impunidad de la Administración» ya que impedirán su control por los tribunales en numerosos asuntos relativos a sanciones o a responsabilidad patrimonial.

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