Pilar Chamorro Abogados informa: Denuncian que un juez bloquea la asistencia de letrados de oficio a víctimas de maltrato.
El Colegio de Abogados de Murcia asegura que el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Caravaca de la Cruz está negando a víctimas de violencia de género la asistencia jurídica gratuita o la posibilidad de personarse como acusación particular. Según un inscrito remitido por el colegio al servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), entre otros órganos, «éstos son hechos de una gravedad extrema» y «se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de violencia de género».
El conflicto con este juez, según explica el magistrado, comenzó hace unos meses, cuando éste comunicó al colegio que no se admitirían actuaciones de letrados que asistieran a víctimas de violencia de género si no se personaban antes como acusación particular en el caso. pese al supuesto intento de diálogo por parte del colegio, la entidad denuncia que en las últimas semanas se han sucedido diversas quejas de abogados de turnos de oficio. Algunos, según explican, «se han encontrado con que el titular del referido juzgado no les permitía siquiera acceder a las dependencias donde se encontraba la víctima».
El Colegio de Abogados de Murcia afirma, además, tener constancia de que en la lectura de derechos a las víctimas de violencia de género «se les indica que tienen derecho a nombrar un abogado y un procurador, pero que al existir un fiscal no es necesario que lo hagan (sic) y ello sin que se les informe de que tienen derecho a solicitar que ambos profesionales les sean nombrados de oficio». La entidad señala, sin embardo, que lo más grave de esta situación es que «tenemos testimonios de que, en determinadas situaciones, la víctima de violencia de género ha manifestado su deseo expreso de ejercitar la acusación particular pero no se le ha permitido».
El Colegio de Abogados de Murcia también ha dirigido este escrito de denuncia al consejero de Presidencia, Manuel Campos; al Observatorio nacional de Violencia de Género; al Consejo General de la Abogacía; a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia o a la Defensora del Pueblo.
