13 Nov 2013

Pilar Chamorro Abogados informa: La Audiencia protege a una mujer explotada a la que Interior quiso expulsar.

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La Audiencia Nacional ha reconocido a una mujer nigeriana, que sufrió explotación sexual y malos tratos, el amparo para permanecer en España que el Gobierno le había negado. Doris E., de 33 años, pidió en 2011 el asilo por razones humanitarias como víctima de trata para ella y para su hijo, de ocho. En su solicitud explicó que había sido obligada a prostituirse por las mafias que la trajeron a España, y que había sufrido malos tratos y abusos durante años. El Ministerio del Interior no dio crédito a su testimonio y le denegó el asilo. Los jueces, aunque no consideran probado que Doris fuese víctima de trata, sí reconocen que sufrió explotación y abusos y les conceden a ella y a su hijo la protección subsidiaria.

Esta figura legal, sin embargo, a diferencia del asilo, sí tiene fecha de caducidad, explica Ana María Fernández Jiménez, la abogada del turno de oficio que la ha asistido en el proceso. Podrá quedarse en España, dice la sentencia de la Audiencia hecha pública hace unos días, durante el tiempo que necesite para tratarse y recuperarse física y psicológicamente. “Eso implica un tiempo indeterminado ya que las secuelas que padece ahora son psicológicas”, explica Fernández Jiménez. Ahora, explica la mujer por teléfono, pedirá la residencia legal en el país. “Con papeles podré buscar un trabajo y todo irá mejor”, cuenta. Desde que llegó a España, en 2011, vive junto a su hijo en situación irregular, aguardando la respuesta del Gobierno a su solicitud.

Doris, como recoge el fallo de la Audiencia, alcanzó las costas de Motril (Granada) a bordo de una barcaza junto a su pequeño y otros inmigrantes. Su viaje, desde su Lagos natal, duró años. En el trayecto por varios países fue maltratada, obligada a prostituirse, quedó embarazada y dio a luz a su hijo. La red que la explotaba le pedía 50.000 euros: la deuda del viaje que debía pagar prostituyéndose. Terminó pidiendo ayuda y asilo en España con otra identidad “por miedo”, según su abogada, que explica que organizaciones internacionales, como Acnur, describen patrones similares en las víctimas de trata.

El Gobierno le denegó esa solicitud y otra que presentó, esta vez con su verdadero nombre, ayudada por dos ONG. La segunda vez las autoridades consideraron inverosímil su testimonio y no aceptaron las pruebas fotográficas de las lesiones que había sufrido, porque en ellas no se apreciaba su rostro. Además, pusieron en duda el argumento de que no podía escapar porque los supuestos tratantes le habían entregado un móvil. “Pero, ¿a quién iba a pedir ayuda? ¿Cómo? Estas mujeres viven aterrorizadas”, apunta la letrada Fernández Jiménez, que lamenta que tampoco ahora se le haya reconocido como víctima de trata, un estatus con el que podría reclamar alguna ayuda.

Desde que entró en vigor el delito de trata a principios de 2010 —que implica captación, traslado o recepción, mediante engaño, violencia o abuso de vulnerabilidad, y todo ello con fines de explotación sexual, laboral o para el tráfico de órganos—, el Gobierno ha otorgado asilo solo a una víctima de este tipo de esclavitud.

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