16 Jun 2016

El Supremo fija que la policía no precisa orden judicial para localizar móviles

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Una sentencia del Tribunal Supremo en relación con un asunto de narcotráfico procedente de la Audiencia de Pontevedra establece que ya no será necesario obtener una autorización judicial para que los agentes de las fuerzas de seguridad puedan acceder a los datos IMEI e IMSI, que son los que permiten identificar un terminal telefónico y localizar su situación concreta en un momento determinado.

La sentencia, que reitera doctrina, se refiere a una condena de 3 años y 9 meses de cárcel que fue impuesta en el mes de marzo del 2015 por la Audiencia de Pontevedra a un traficante de hachís cuyos movimientos fueron identificados gracias a que los investigadores accedieron a los números IMSI (número único que identifica a una tarjeta SIM) de sus terminales móviles. La doctrina también es válida para permitir el acceso a la tarjeta IMEI, que identifica un ejemplar concreto de teléfono móvil.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, señala, no obstante, que una vez obtenido el dato correspondiente al número IMSI sí será precisa la autorización de un juez para que la operadora telefónica ceda los datos que obran en sus ficheros, que son los que permitirán a la postre conocer el número concreto del terminal telefónico para el que se va a solicitar la intervención. «Así como la recogida o captación técnica del IMSI no necesita autorización judicial, sin embargo, la obtención de su plena funcionalidad, mediante la cesión de los datos que obran en los ficheros de la operadora, sí impondrá el control jurisdiccional de su procedencia», ya que se encuentran bajo la cobertura del artículo 18.3 de la Constitución.

En el caso concreto que fue juzgado en la Audiencia de Pontevedra se trataba de la información que había sido obtenida a través de la identificación y la posterior localización de varios teléfonos móviles y que sirvió para detener a un grupo relacionado con el tráfico ilícito de hachís del que sospechaban en el año 2009 los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia y que estaba operando en Huelva.

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